Nuestro despacho brinda asesoría sobre la interpretación y aplicación de leyes, así como respecto de la emisión y desarrollo de actos y procedimientos administrativos, relacionados con las obligaciones de las personas físicas y morales, ante diversas autoridades municipales, estatales y federales.

Nuestros servicios consisten en la preparación, presentación y trámite de demandas de amparo contra cualquier autoridad u órgano del Estado mexicano, ante los juzgados de distrito, los tribunales de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de impugnar normas, actos o resoluciones contrarios a los derechos humanos, principios y reglas reconocidos en nuestra Constitución federal y en los tratados internacionales de los que somos parte.

Nuestros servicios incluyen el diseño, ejecución y seguimiento de estrategias encaminadas a blindar jurídicamente los derechos, intereses y acciones de nuestros clientes en el desarrollo del proceso electoral, enfocándonos en candidaturas, partidos políticos, coaliciones o personas de derecho privado que tengan relación con los procesos electorales, destacando ámbitos como el modelo de comunicación política, la fiscalización de recursos, los conflictos intrapartidistas, entre otros.

Asesoramos a nuestros clientes para el adecuado gobierno del cabildo municipal, a efecto de que las convocatorias, reuniones, acuerdos, determinaciones y su ejecución, se realicen con apego al marco constitucional y estatal, para el correcto ejercicio de la función pública municipal.

En el México de hoy, es fundamental que las organizaciones privadas tomen conciencia de la necesidad de desarrollar relaciones públicas institucionales fluidas y estables en el tiempo, para ello, ponemos al servicio de nuestros clientes herramientas y técnicas para reforzar sus legítimos intereses o preocupaciones, mejorar su conocimiento e imagen pública y legitimar sus políticas institucionales.

Diseñamos esquemas de política de persecución de los delitos enfocados en la aplicación de los recursos de la fiscalía en asuntos complejos que requieren una investigación robusta, implementando políticas públicas eficientes mediante la creación de unidades especiales, por ejemplo, de atención temprana, tramitación masiva y de alto impacto.